El Congreso debe servir, no servirse.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 7 de mayo del presente año dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2024, un instrumento para evaluar la gestión de los congresos locales (2023) y su impacto en la vida pública.

En 2023, los congresos estatales ejercieron un presupuesto total de 14,674 millones de pesos, Chihuahua ejerció 628 millones. Sin embargo, la aprobación de la deuda pública por parte de 7 legislaturas, incluida la de Chihuahua con un monto de $32,529.3 millones.

Los datos del CNPLE 2024 revelan una distribución desigual en los espacios de participación ciudadana promovidos por los congresos estatales. En Chihuahua, mientras algunos temas recibieron atención limitada, otros quedaron relegados:

• 7 espacios: Otros temas (categoría sin especificar).

• 3 espacios: Educación.

• 2 espacios: Niñas, niños y personas adolescentes.

• 2 espacios: Medio ambiente y ecología.

• 1 espacio: Atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

• 1 espacio: Agricultura y desarrollo rural.

• 1 espacio: Asuntos indígenas.

• 1 espacio: Infraestructura, comunicaciones y transporte.

• 0 espacios: Igualdad de género y/o derechos de las mujeres.

• 0 espacios: Juventud.

Los datos muestran que en Chihuahua hay más espacios para temas sin especificar (7) que para problemas como la igualdad de género o la juventud (0). Temas importantes como carreteras o ayuda a grupos vulnerables solo tienen 1 espacio. Esto demuestra que no todos los temas importan igual. Si el congreso ignora a mujeres, jóvenes, ¿Cómo podrá resolver sus necesidades? La participación debe ser para todos, no solo para unos pocos. Los ciudadanos merecemos legisladores que prioricen necesidades del pueblo sobre intereses partidistas.

En 2023, hubo 733 investigaciones en todo el país por malas prácticas de trabajadores del congreso. Chihuahua tuvo 87 casos. También hubo 10 denuncias para remover funcionarios y 45 comparecencias (eventos donde servidores públicos explican su trabajo).

El congreso de Chihuahua tuvo 36 comisiones y presentó 1,852 propuestas de ley. Pero falta saber: ¿esas leyes resolvieron problemas de la gente o solo intereses políticos?

El Congreso del Estado existe para garantizar que las decisiones políticas beneficien a la sociedad, no a grupos de poder. Cuando funciona bien, es un puente entre la gente y el gobierno. Cuando falla, se convierte en un espacio de privilegios.

Justicia social, bien común y bienestar.

En México, tres partidos han marcado el rumbo del país con narrativas distintivas: el PRI gobernó durante 77 años (1929–2000 y 2012–2018); el PAN gobernó por 12 años (2000 – 2012); y MORENA gobierna desde el 2018 hasta la actualidad. Cada uno ha generado su identidad en torno a eslóganes políticos: el PRI la justicia social, el PAN el bien común y MORENA el bienestar. Estas frases, más que simples eslóganes, reflejan proyectos de identidad partidista, aunque con resultados que demuestran y evidencian la distancia entre el discurso y la realidad.

El PRI y su justicia social prometieron reducir desigualdades mediante un Estado fuerte. Su retórica de justicia social se materializó en políticas como la reforma agraria, la educación pública gratuita y la nacionalización del petróleo. Sin embargo, con el tiempo, este discurso se convirtió en un instrumento de control: sindicatos corporativizados, clientelismo y programas sociales condicionados a lealtades políticas. En los años 80 y 90, bajo presidentes como Carlos Salinas, el partido abandonó su eje social para abrazar al neoliberalismo con privatizaciones, el tratado de libre comercio y recortes al gasto público. Así, la justicia social quedó solo en palabras, además de mostrar un gobierno autoritario y corrupto.

El PAN surgió como alternativa conservadora al PRI, basando su ideales en una doctrina humanista y democrática. Su eslogan político el bien común iba más encaminado al liberalismo económico, la defensa de la familia tradicional y alianzas con la Iglesia. En los gobiernos de Fox y Calderón, impulsó programas como Oportunidades y una guerra contra el narcotráfico que priorizó la fuerza sobre los derechos humanos. Sin embargo, sus políticas apoyaron a las élites empresariales y eliminaron o modificaron regulaciones que afectaron las contrataciones y despidos de los trabajadores dando mayores beneficios a las empresas. El bien común panista, se caracterizó por mantener estancado el mercado interno y con ello los bajos salarios, lo que afectó negativamente la capacidad de las personas para acceder a bienes y servicios básicos, logrando una desigualdad social.

MORENA llega al poder en el 2018 con un discurso rupturista, prometiendo acabar con el neoliberalismo y garantizar el bienestar mediante un Estado benefactor. Incluyó programas universales (pensiones para adultos mayores, becas para jóvenes) y aumento al salario mínimo. Una de las críticas más fuertes de este modelo es la centralización del poder, el debilitamiento de instituciones autónomas y un gasto público cuestionado por su sostenibilidad. El bienestar, pese a su retórica transformadora, tiene resultados debatibles y cuestionables.

No importa quien gobierne una alcaldía, un Estado o la Republica, lo importante es que se vean resultados tangibles más que perceptivos, además se necesita de una ciudadanía más participativa, informada y crítica, que sea capaz de exigir rendición de cuentas. México no avanzará con palabras, sino con instituciones fuertes, gobiernos honestos y una ciudadanía que actúe día a día, no solo en las elecciones.

Juventud mexicana: entre el riesgo y la esperanza.

Según el último censo de población del INEGI, en el país hay 25.6 millones de adolescentes y jóvenes. La distribución por grupo de edad es la siguiente: 8.7 millones tienen entre 10 y 14 años, 8.6 millones entre 15 y 19 años, y 8.3 millones entre 20 y 24 años. Los cuales necesitan más espacios y oportunidades para que puedan tener un futuro más prometedor.

Gran parte de la juventud mexicana se encuentra en una situación compleja y crítica, y el gobierno tiene la obligación de actuar. Debe garantizar que su potencial no se pierda en las garras de la delincuencia organizada, ni caigan en los vicios del alcohol y drogas. Por lo tanto, propiciar condiciones necesarias para ofrecer espacios de sana convivencia y pacífica, así como oportunidades reales de desarrollo, no es un lujo, sino una responsabilidad del Estado para salvaguardar el crecimiento y futuro del país, así como el bienestar de ellos.

Es innegable que la falta de más espacios que propicien la posibilidad de desarrollarse integralmente así como las pocas oportunidades laborales, sumado a la falta de entornos seguros, propicia que los jóvenes sean vulnerables al alcohol, drogas y al reclutamiento por parte de los grupos criminales. La idea falsa del dinero fácil puede resultar atractiva para que los jóvenes caigan en actos delictivos. Sin embargo, reducir esta problemática a una mera responsabilidad gubernamental sería injusto.

Si bien es cierto que el Estado tiene la obligación de generar políticas públicas efectivas, invertir en educación de calidad, fomentar el empleo juvenil y garantizar la seguridad y los espacios de convivencia sana y pacífica. La solución no recae exclusivamente en el gobierno. El fortalecimiento del tejido social comienza en el núcleo familiar. Padres y madres, hermanos mayores, tíos y abuelos tienen un papel fundamental en la formación de valores, la transmisión de principios éticos y morales.

Una familia presente, comunicativa y comprometida puede ser el primer escudo contra las influencias negativas del entorno. Fomentar la participación en actividades culturales, deportivas, recreativas y comunitarias desde temprana edad genera oportunidades y posibilidades para el desarrollo integral de los jóvenes, alejándolos del ocio peligroso y brindándoles alternativas constructivas para su tiempo libre.

La creación de espacios de sana convivencia va más allá de la construcción de parques o centros deportivos. Implica fomentar la interacción positiva entre jóvenes de diferentes contextos, promover el respeto a la diversidad, estimular la creatividad y el pensamiento crítico. Estos espacios deben ser seguros, accesibles y gestionados con la participación activa de la comunidad, convirtiéndose en puntos de encuentro donde se construyan lazos de solidaridad y se fortalezca el sentido de pertenencia.

No podemos permitirnos perder una generación completa a manos de la violencia y la desesperanza. La tarea de brindar oportunidades y construir un futuro más pacífico y prometedor para nuestros jóvenes es una responsabilidad compartida. Requiere la acción coordinada del gobierno, la sociedad civil, las instituciones educativas y, fundamentalmente, de cada familia mexicana. Solo a través de un esfuerzo colectivo podremos transformar el camino que tienen lleno de dificultades, obstáculos y riesgo en un camino de esperanza y progreso para la juventud de México.

Ojinaga necesita más espacios de convivencia sana.

Según el Censo de Población y Vivienda del INEGI, Ojinaga, Chihuahua, cuenta con 24,534 habitantes, de los cuales 9,867 son menores de 24 años lo que equivale al 40% de la población. Estos datos muestran una población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no debe estar en el olvido de las autoridades.

Ojinaga se distingue por su riqueza cultural. Es cuna de la música norteña. Su gastronomía, heredada de la vida ganadera y fronteriza, incluye platillos como el tradicional asado de puerco, un platillo muy popular en la región. Además, ofrece atractivos turísticos: el Río Bravo, el imponente Cañón de Pegüis y museos que preservan su legado revolucionario y mucho más.

No obstante, como muchas ciudades fronterizas, Ojinaga enfrenta situaciones complejas. El tráfico de drogas, la presencia de grupos delictivos y el alcoholismo son problemas que van en incremento por muchos factores. A esto se suma la marginación socioeconómica: según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la falta de empleos formales impulsa la migración juvenil hacia Estados Unidos o grandes ciudades, debilitando el tejido social. La escasez de actividades recreativas, deportivas y culturales incrementa la vulnerabilidad de los jóvenes ante adicciones y la violencia.

Para transformar esta realidad, es necesario implementar políticas desde diversos ámbitos. Primero, reactivar espacios públicos abandonados (canchas, parques) para convertirlos en centros comunitarios seguros y funcionales, pero que además cuenten con seguridad. Segundo, promover programas deportivos gratuitos y talleres culturales (música norteña, arte urbano, etc.) que ofrezcan alternativas de desarrollo. Tercero, crear redes de apoyo juvenil con mentorías, becas y proyectos de emprendimiento local. Sin embargo, aunque diversas administraciones públicas tal vez ya lo han intentado, no ha sido suficiente.

Aunque en Ojinaga ya existen esfuerzos de colaboración con empresas, universidades y con Presidio, TX, es necesario ampliar y mejorar estos acuerdos para multiplicar su impacto en la comunidad y, sobre todo, en los jóvenes. Por ejemplo, las empresas locales no solo podrían patrocinar equipos deportivos, sino también financiar becas de capacitación en oficios técnicos vinculados a sus industrias, generando empleo juvenil. Las universidades, además de enviar estudiantes a proyectos comunitarios, podrían abrir sedes temporales para investigar problemáticas locales y proponer soluciones desde la ciencia. En la frontera, la cooperación con Presidio, Texas, debe ir más allá de eventos culturales: podría incluir campañas binacionales de prevención de adicciones o programas de empleo temporal. Gestionar, ampliar y mejorar estos convenios no solo da más herramientas y oportunidades a los jóvenes, les da la posibilidad de un mejor futuro.

Reconstruir el tejido social en Ojinaga requiere de oportunidades reales, no solo discursos o promesas mediáticas. Para ser un ejemplo de cambio, la responsabilidad no debe recaer únicamente en el gobierno: las familias, las escuelas y la comunidad deben hacer lo propio para ofrecer a los jóvenes espacios de esparcimiento y convivencia sana, lejos de lugares que fomentan vicios sin aportar valor a sus vidas. ¡Qué bien sería que hubiera cine, boliche, cafés juveniles y espacios donde se promueva el arte, el diálogo y el aprendizaje! Esto no solo entretiene, sino que deja una huella positiva en las juventudes. Es probable que al inicio no sean rentables económicamente, porque la mayoría no está acostumbrada a este tipo de espacios, pero sin duda alguna se necesita. Es cuestión de gestionar, fomentar e implementar.

El 1 de mayo y la deuda con el magisterio.

El 1 de mayo, fecha emblemática que conmemora la lucha por los derechos laborales, debería ser un recordatorio de justicia y equidad para todos los trabajadores. Sin embargo, en México, este día también expone las contradicciones entre los discursos oficiales y la realidad que vive el magisterio. Los trabajadores de la educación, enfrentamos condiciones laborales precarias: algunas escuelas sin servicios básicos, infraestructura deteriorada y falta de apoyo institucional. A pesar de estas adversidades, el compromiso con la enseñanza está presente.

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018 generó esperanzas. Se prometió priorizar los derechos de los trabajadores, incluyendo jubilaciones dignas tras 28 o 30 años de servicio. Sin embargo, sigue pendiente la promesa de derogar la Ley del ISSSTE de 2007. La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, ha mostrado mayor interés en resarcir las afectaciones de gobiernos anteriores (PRI y PAN), al congelar la edad de jubilación en 58 años para hombres y 56 para mujeres. Además, se incorporaron recursos del Fondo de Pensiones para el Bienestar para que la pensión de jubilación sea equiparable al último salario cotizado, con un límite de 17,364 pesos, equivalente al salario promedio registrado en el IMSS. Quienes ganen más de ese monto recibirán, como máximo, los 17,364 pesos.

Aunado a lo anterior, la mandataria firmará un decreto para favorecer a quienes tienen créditos hipotecarios impagables a través del Fovissste, pues 400 mil derechohabientes del Instituto están en una situación complicada.

El 1 de mayo también debe ser un llamado a la unidad. Los maestros, junto con otros trabajadores, tenemos el derecho y la obligación de exigir que esta reforma sea modificada o derogada. El gobierno actual cuenta con mayoría legislativa, por lo que no hay excusas para ignorar las demandas. La consigna “amor con amor se paga” que alguna vez usó el propio expresidente, hoy se vuelve irónica. Ha estas fechas ya se debería estar celebrado conquistas y la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007, lamentablemente no es así.

Este día también invita a reflexionar sobre la coherencia política. Cuando Morena era oposición, criticó las injusticias del PRI y el PAN; hoy, desde el poder, parece repetir algunos errores. La reforma al ISSSTE, sumada al incumplimiento de la promesa de jubilación, evidencia una desconexión entre la promesa, el discurso y la acción. El 1 de mayo no es solo una conmemoración: es un recordatorio de que los derechos se defienden en las calles, en las aulas y en los espacios de decisión.

El 1 de mayo debe ser una fecha para también exigir transparencia. La lucha magisterial no es un tema aislado: es un símbolo de la batalla por un México donde ningún trabajador sea sacrificado por intereses políticos. Rectificar esta reforma no sería una derrota para el gobierno, sino una victoria para la justicia que el 1 de mayo representa.

¿Hacia dónde avanza México?

Muchos analistas, especialistas y comentaristas en las redes sociales hablan que desde el 2018, de la llegada de morena al poder, vamos rumbo al comunismo, pero ¿qué es el comunismo? Es un sistema socioeconómico que busca la abolición de la propiedad privada (medios de producción: fábricas, tierras, recursos) y su sustitución por propiedad colectiva, con el objetivo teórico de crear una sociedad sin clases sociales. ¿Ya sucedió? ¿El estado controla los precios, producción y distribución? ¿Y ya estamos así? ¿Hay un partido único? ¿Acaso solo existe una sola clase en México?

Desde el 2018 no se ha eliminado la propiedad privada; si bien es cierto que el Estado interviene en sectores como PEMEX y CFE, pero no llega a un control total; también existe pluralidad política: hay Estados y municipios que son gobernado por partidos diferente a morena.

Las acciones de AMLO y la hoy presidenta más bien van encaminadas a ser socialdemócratas porque existe un mayor gasto social en pensiones universales y becas, pero sin cambiar la estructura económica; existe un nacionalismo económico porque hay protección de empresas estatales.

Existe un discurso político por parte de la oposición (PRI – PAN) que usan el término comunista para desacreditar a Morena, pero más bien es una estrategia retórica que una realidad. Se basan en la parte discursiva que hay en morena contra “la mafia del poder” o élites económicas.

México no avanza hacia un comunismo, sino hacia un capitalismo con mayor intervención estatal y con políticas sociales.

La demografía, la diversidad social, la economía, la fuerza institucional, la cultura política y el apego a las libertades que tenemos los mexicanos hacen inviable un comunismo. Incluso si el gobierno lo intentara, se toparía con una rebelión empresarial, una presión internacional principalmente por EUA y una resistencia social sólida por parte de los mexicanos. Además, el costo político lo hace más inviable, ya que morena depende del apoyo popular, y si el gobierno pretendiera usar la fuerza a gran escala, les haría perder legitimidad. No hay indicios de un plan estructurado para someter a la población: un ejemplo es que la guardia nacional está más enfocada en la seguridad pública que en la represión política.

Lo que es un hecho es que México, como cualquier País del mundo, hay riesgo de un autoritarismo pleno y gradual; por eso es importante que exista una verdadera oposición, como cuando el PRI y PAN lo eran, y hoy los une los intereses personales y de poder.

Morena le ganó la narrativa al PAN-PRI porque domina el discurso público, mientras la oposición solo reacciona y no acciona; quieren asustar con el comunismo cuando México sigue siendo capitalista. En sí, el discurso del comunismo no convence porque no coincide con la realidad del día a día de los mexicanos y porque la oposición no tiene autoridad moral tras décadas de corrupción.

Ciertamente, como cualquier gobierno del mundo, hay muchas áreas de oportunidad por mejorar; por eso es importante que la sociedad se informe, analice y reflexione, y sobre todo exija a los gobernantes y legisladores que hagan bien su trabajo, y no se permita la corrupción que aún no se puede erradicar.

México mantiene su estructura capitalista, pero con evidentes rasgos estatistas, populistas y con una clara tendencia a la concentración de poder y polarización. Aunque no es un régimen autoritario pleno, el debilitamiento de contrapesos debe preocupar. La democracia sigue presente, pero necesita una oposición sólida con liderazgos para evitar que estos rasgos se amplíen.

La escuela y el hogar son pilares para reconstruir el tejido social.

 La Secretaría de Educación Pública (SEP) fue fundada el 3 de octubre de 1921, su creación respondió a la necesidad de erradicar el analfabetismo, promover la identidad nacional y garantizar el acceso a la educación como un derecho universal. El objetivo principal fue integrar a la población en un proyecto de nación mediante la enseñanza laica, gratuita y obligatoria, priorizando la formación cultural, cívica y técnica.

A través de los diversos mandatos han existido diversos enfoques educativos según la necesidad de la época o de la ideología del gobierno en turno.

El enfoque tradicional, se caracterizó por un modelo vertical donde el docente era la figura central del proceso educativo. Basado en la memorización, la repetición de contenidos y la disciplina estricta, este método priorizaba la transmisión de conocimientos académicos sobre el desarrollo de habilidades críticas o creativas. Si bien logró estandarizar la enseñanza, fue criticado por limitar la participación activa del estudiante y por enfocarse en resultados cuantificables, como calificaciones, en lugar de aprendizajes significativos.

El enfoque por competencias busca preparar a los estudiantes para resolver problemas prácticos de la vida real, integrando conocimientos, habilidades y actitudes. Promueve la autonomía, el trabajo colaborativo y la aplicación de lo aprendido en contextos específicos. Tiene énfasis en la productividad y adaptación al mercado laboral, en ocasiones descuidando aspectos humanísticos o sociales.

El constructivismo, plantea que el aprendizaje es un proceso activo donde el estudiante construye su conocimiento a partir de experiencias y reflexión. Aquí, el docente actúa como guía, facilitando ambientes de exploración y diálogo.

La Nueva Escuela Mexicana (NEM), desde el humanismo, posiciona al estudiante como centro del proceso educativo, promoviendo su desarrollo integral. Fomenta el pensamiento crítico, la libertad, la creatividad y la autoexpresión, para formar personas autónomas y empáticas capaces de participar en diversos contextos. Además, vincula el aprendizaje con la realidad cotidiana, impulsando soluciones colectivas a problemas sociales. La NEM impulsa una gestión escolar que se orienta desde el trabajo colaborativo con la finalidad de generar comunidades de aprendizaje.

El deterioro del tejido social en México exige reconocer que la educación no es responsabilidad exclusiva de las escuelas. La familia y el hogar son espacios para educar en valores, moral y ética. Mientras las instituciones educativas brindan herramientas académicas, las familias deben generar comportamientos respetuosos, solidarios y responsables. Solo mediante corresponsabilidad donde el hogar y la escuela se complementen se logrará formar ciudadanos íntegros que transformen su entorno y comunidad.

La transformación social del país inicia en la familia y en el hogar. El gobierno debe generar las condiciones económicas, laborales, de salud y de seguridad, entre muchas otras, para que los mexicanos vivamos en un país próspero, justo, equitativo y seguro.

México vs Obesidad: Un país rendido ante la comida chatarra.

México necesita urgentemente pasar de medidas superficiales a acciones concretas en salud pública. Es uno de los países más obeso del mundo según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con una tasa de obesidad del 33% y un 73% de la población con sobrepeso. El estado de Chihuahua no es la excepción, ya que su población va en aumento en obesidad y sobrepeso.

La Organización Mundial de la salud recomienda que los jóvenes de 5 a 17 años realicen al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa. Para los adultos de 18 a 64 años, se recomienda un mínimo de 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado o 75 minutos de actividad vigorosa, Los adultos mayores de 65 años deberían hacer 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de ejercicio vigoroso cada semana.

Desafortunadamente, la situación económica del país y la falta de hábitos alimenticios saludables impiden que muchas familias mexicanas accedan a una alimentación balanceada, además de que los precios de los alimentos saludables son elevados. Para muchas familias, resulta más económico consumir alimentos procesados y de mala calidad, que no solo carecen de valor nutritivo, sino que también contribuyen a la obesidad y aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer, como el de mama y colon, entre otros.

Lamentablemente, nuestras autoridades gubernamentales y legislativas no han asumido la responsabilidad para la que fueron elegidos y por la que se les paga bastante bien. No han podido, o no han querido, tomar medidas que den solución a esta problemática, ya sea por falta de conocimientos o de intereses. Como resultado, la población mexicana sufre de numerosas enfermedades derivadas del sobrepeso y la obesidad. Ningún sistema de salud, ni siquiera uno tan avanzado como el de Dinamarca, que por cierto nos lo siguen debiendo, podría soportar la carga de atender todas estas enfermedades.

Regularmente, solo implementan programas temporales, como pláticas informativas, activaciones físicas, zumbatones, bicicletadas y la promoción del plato del buen comer, etc., medidas que no solucionan el problema de raíz. Por ejemplo, en el ámbito educativo, en el mejor de los casos, los alumnos solo tienen dos sesiones de educación física a la semana de 50 minutos cada una en los niveles de educación básica, lo que, sin duda alguna, no atiende las recomendaciones realizadas por la OMS.

Ojalá los gobernantes y legisladores tomen medidas efectivas para mejorar esta situación.

Su responsabilidad directa es generar las condiciones necesarias para ofrecer empleos mejor remunerados, permitiendo así que las familias puedan acceder a alimentos más saludables. Además, deben continuar con programas de concientización que fomenten hábitos saludables entre los mexicanos y asegurar que todos los estudiantes de educación básica, media superior y superior tengan acceso diario a la educación física, recreación y deporte.

Todos los gobiernos han gastado millones de pesos en infraestructura, medicinas y la contratación de médicos generales y especialistas. Además, han incrementado la nómina con puestos burocráticos que no benefician a los servicios de salud. A pesar de estas inversiones en el sector salud, seguimos teniendo muchas deficiencias. Los mexicanos merecemos un mejor servicio de salud de calidad. Sin embargo, como ciudadanos, también debemos contribuir adoptando buenos hábitos alimenticios y teniendo una cultura física que nos permita tener mejores condiciones de salud.

De derecha a izquierda.

En política se habla de ideologías de derecha o izquierda; estos términos se remontan a la Revolución Francesa de 1789. En aquella época, los afines al rey Luis XVI, representantes del clero y la nobleza se sentaban a la derecha de la Asamblea Nacional, mientras que los revolucionarios y representantes de la burguesía y del pueblo se ubicaban a la izquierda.

En términos generales, cuando se habla de derecha, se hace referencia a la corriente política que promueve el libre mercado, la propiedad privada y disminuye la participación del Estado en la economía; defiende los valores tradicionales como la familia, la religión y el orden social, y considera que el progreso debe obtenerse a través del esfuerzo individual y la competencia. Busca favorecer políticas que incentiven la iniciativa privada y la responsabilidad personal.

Mientras que la izquierda es una corriente que busca mayor igualdad social y económica, promoviendo la intervención del Estado para garantizar derechos como la educación, la salud y el bienestar. Defiende la justicia social, la redistribución de la riqueza y el apoyo a los grupos vulnerables. En temas sociales, es más progresista, apoyando la diversidad, los derechos de las minorías y la inclusión. El Estado tiene un papel más activo para corregir las desigualdades y construir una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

La izquierda no es lo mismo que el comunismo. En pocas palabras, la izquierda busca más la igualdad y justicia social, como apoyar la salud y educación o ayudar al que menos tiene, mientras el comunismo tiene una ideología más extrema, donde no hay propiedad privada y todo lo controla el Estado. La izquierda no está peleada con la democracia ni con tener empresas privadas, como muchos creen.

Antes del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, México estaba dominado por una política más cercana a la derecha. El PRI, en su etapa neoliberal con Salinas y Zedillo, aplicó las privatizaciones, apertura económica y tratados como el TLCAN; con el PAN de Fox y Calderón continuó con esa inercia, además de la lucha contra el narco. Con AMLO y Morena se dio un giro hacia la izquierda, con programas sociales masivos y un discurso a favor del pueblo, con un nacionalismo económico (rescate de PEMEX y CFE), pero además un discurso muy fuerte contra las élites y el neoliberalismo.

México no es un país de izquierda radical: no abolió el libre mercado como muchos pensaron, pero sí hubo un cambio en el discurso, prioridades sociales y un estilo de gobierno más populista y nacionalista.

Ojinaga, desde 1950, ha tenido 29 presidentes municipales (18 del PRI y 11 del PAN). ¿Ha habido avances reales o solo gobiernos de inercia, que hacen lo mínimo con el presupuesto?

Para que Ojinaga consolide una verdadera izquierda, esta deberá integrar a personas con liderazgo, con preparación y sobre todo integridad probada ante la sociedad. No deberán tener cabida aquellos que, por conveniencia o frustración ante la falta de oportunidades en sus partidos de origen, cambian de afiliación sin un compromiso ético con la causa.

El voto decide el futuro de la justicia.

El próximo 1 de junio de 2025, México llevará a cabo un Proceso Electoral Extraordinario para renovar cargos del Poder Judicial, tanto a nivel federal como estatal. El municipio de Ojinaga, no es la excepción porque al Distrito Judicial Manuel Ojinaga que abarca también a Coyame y Manuel Benavides, en donde los habitantes de esta región participaremos en la elección del Juez Mixto de Distrito, un cargo importante para garantizar la justicia en esta región durante 8 años.

Los candidatos que buscan ocupar este puesto son cuatro jóvenes licenciados con formación académica y experiencia en procuración de justicia: Fernanda Aguirre Vázquez (candidata 01), Anais Sánchez Luján (candidata 02), Roberto Lozano (candidato 03) y Ricardo Valle Payén (candidato 04). Todos destacan por su preparación, pero la ciudadanía tendremos la responsabilidad de evaluar sus propuestas, trayectoria y visión en temas como la imparcialidad, los derechos humanos, la eficacia judicial y su compromiso para combatir la impunidad y la corrupción.

En un momento donde el país exige jueces íntegros y alejados de intereses políticos, los votantes de Ojinaga debemos valorar y elegir al más competente, aquel o aquella que muestre conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes para responder a las situaciones judiciales que se le vayan presentando y de respuesta para resolver los casos con rigor jurídico, transparencia, honestidad, independencia, protegiendo los derechos de las familias de esta región de manera imparcial, pero también muy importante que realicen una rendición de cuentas a los habitantes de esta región.

Pero ¿qué hace un Juez de Distrito? Resuelven conflictos entre ciudadanos y autoridades, asegurando que estas últimas actúen conforme a la Constitución y las leyes. En el ámbito federal, atienden casos en materias civil, laboral, penal y administrativa, protegiendo los derechos de las personas mediante herramientas como el Juicio de Amparo. Su labor no solo implica aplicar la ley, sino también defender los derechos humanos y garantizar que la justicia llegue a todas las familias de la región sin distinciones.

Este proceso electoral, requerirá de un presupuesto multimillonario para su organización, lo que refuerza la obligación ciudadana de participar. El Instituto Nacional Electoral es el encargado de organizar las actividades del proceso en el que se elegirán los siguientes cargos: 9 cargos para Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 cargos Magistraturas de las Salas Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 cargos Magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 5 cargos Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 cargos Magistraturas de Circuito y 384 cargos Magistraturas de Circuito, de los cuales 1 le corresponde a este Distrito Judicial Manuel Ojinaga.

La importancia de esta elección es que, por primera vez en la historia democrática de México, la ciudadanía elegirá directamente a jueces y magistrados, rompiendo con el esquema tradicional de designación por parte de órganos políticos. Este cambio busca fortalecer la legitimidad del Poder Judicial. Por lo que es fundamental que los votantes contemos con información suficiente para evaluar los perfiles de los aspirantes y con ello poder tomar una decisión razonada e informada.

En Ojinaga, la elección del Juez Mixto es una oportunidad para contar con un profesional que comprenda las necesidades locales y actúe con rigor jurídico. Votar este 1 de junio del 2025 será un acto de responsabilidad.