IA Legislativa.

La UNESCO, en su documento Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, menciona que la IA son tecnologías de procesamiento de la información que integran modelos y algoritmos que producen una capacidad para aprender y realizar tareas cognitivas, dando lugar a resultados como la predicción y la adopción de decisiones en entornos materiales y virtuales. Los sistemas de IA están diseñados para funcionar con diferentes grados de  autonomía, mediante la modelización y representación del conocimiento y la explotación de datos y el cálculo de correlaciones.

La inteligencia artificial se utiliza en diversos ámbitos como la educación, la atención a consultas, la generación de ideas, respuestas y un sinfín de actividades; y, por supuesto, la política no se queda atrás. Muchos legisladores usan esta tecnología para agilizar su trabajo, como verificar los documentos que son muy extensos, pero no debería sustituir la toma de decisiones, el pensamiento crítico o el deber de representar a las personas. Su uso debe ser complementario, transparente y sujeto a regulación.

Como ejemplo, la diputada plurinominal de Morena, Olga Leticia Chávez Rojas, admitió públicamente haber utilizado ChatGPT para facilitar el análisis y la síntesis de iniciativas legislativas extensas, como una en particular de 205 páginas que fue aprobada en menos de un día. Durante esa sesión, defendió el uso de esta tecnología argumentando que representa un recurso que agiliza la lectura y comprensión de documentos extensos, permitiendo reducir su revisión en tiempo. La legisladora, arremetió contra los legisladores del PRI, a quienes acusó de no estar al tanto de los avances tecnológicos, invitándolos a "actualizarse" y calificándolos de ignorantes

La situación anterior deja mucho que desear porque no se debe aprobar una iniciativa en un día, puesto que se requiere del análisis y juicio crítico; y hay que recordar que no se debe depender de la IA, puesto que la generación de respuestas se basa en algoritmos que procesan grandes cantidades de datos para identificar patrones y relaciones. Estos algoritmos suelen basarse en técnicas de aprendizaje automático, que les permiten "aprender" a partir de ejemplos y datos de entrenamiento.

Los ciudadanos debemos preguntarnos: ¿dejaremos la responsabilidad legislativa a personas que no tienen pensamiento crítico y autonomía? La sociedad debemos valorar  a quién se elige como legisladores en el 2027. Necesitamos legisladores que no confundan el juicio crítico con agilizar tareas mediante el uso de la IA, que entiendan que la tecnología es una herramienta, no un sustituto del pensamiento y juicio crítico, la ética y el debate democrático. Que el poder legislativo no se convierta en un títere de la inteligencia artificial.

 

La edad de jubilación solo es un parche, no solución.

 El pasado 23 de junio del presente año, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer dos decretos en materia educativa: uno relacionado con la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y otro con la reducción de la edad de jubilación. Esto como consecuencia de la presión ejercida por la CNTE para derogar la reforma del ISSSTE del 2007. Sin embargo, esto no soluciona los perjuicios contra el magisterio, ya que el decreto de reducir la edad de jubilación solo beneficia aproximadamente al 24% de los trabajadores; el resto (76%) sigue en las cuentas individuales y debe laborar hasta los 65 años.

En el 2007, muchos trabajadores de la educación que se encontraban en el décimo transitorio se cambiaron a cuentas individuales por voluntad propia, otros mal informados y manipulados por el SNTE. A ellos mínimo se les debe dar la opción –sin tantos trámites– de cambiarse al esquema anterior o bien continuar en el esquema que eligieron.

Es fundamental mencionar que hoy muchos exigen beneficios y prestaciones que nunca perdieron. Me refiero a quienes ingresamos al magisterio a partir de la “Reforma calderonista del ISSSTE", donde de forma voluntaria participamos en un concurso de oposición para obtener una plaza. Además de participar, aceptamos y firmamos lo que hoy tenemos. Es decir, no fuimos afectados puesto que sabíamos por qué concursábamos, a diferencia de los compañeros que, mediante engaños, se cambiaron de forma "voluntaria". Con esto no quiero decir que esté mal exigir beneficios, por supuesto que se requiere exigir y mejorar nuestras condiciones laborales.

Los decretos solo resarcen parte del problema, más no lo soluciona. Desde el 2018 se prometió derogar la reforma del ISSSTE de 2007; sin embargo, por cuestiones de "viabilidad financiera" dicen que no se puede. Tal vez esa viabilidad es en beneficio de ellos, o tal vez el país ya no da para más gracias a la mala administración. O quizás son primero los intereses partidistas que los de la sociedad.

Ciertamente se debe reconocer la intención de resarcir el daño ocasionado. Sin embargo, promesas son promesas. ¿Entonces dónde queda el principio de "no mentir" que tanto pregonan?

2027 ya no está muy lejano. La sociedad debe analizar si es conveniente que un partido político tenga el control de todo. Se necesita repensar que en lo legislativo existan contrapesos. La oposición necesita generar buenos candidatos para el poder legislativo, y con ello pueda existir mayor democracia, sin depender de lo que piense un solo grupo político.

Generaciones condenadas a la informalidad.

 En México hay 61.5 millones de personas que trabajan (según el INEGI), pero más de la mitad (54.7%) tiene empleos informales, es decir, sin seguro médico, sin ahorro para el retiro y sin seguridad social. Esto afecta mucho a los adultos jóvenes y a los que acaban de empezar a trabajar. Aunque son generaciones con una capacidad y habilidad en tecnología y con ideas nuevas, muchos se ven obligados a aceptar trabajos temporales, hacer "chambitas" por internet o emprender negocios pequeños sin seguridad. El resultado es que, pese a estar preparados, les cuesta lograr estabilidad económica y un futuro seguro.

Los millennials, nacidos entre 1981 y 1996 (actualmente tienen entre 29 y 44 años), son la generación que marcó la transición entre el mundo analógico y el digital. Se les llama "Generación Y" por seguir a la Generación X, o "Generación NET" por ser los primeros en crecer con internet como parte básica de su vida. Esta generación vivió una infancia sin tecnología avanzada (usaban teléfonos fijos, enciclopedias y juegos al aire libre), pero adoptaron con naturalidad la revolución digital en su adolescencia y juventud (con la llegada de los celulares, el email, las redes sociales, etc.).

Los centennials (Generación Z; actualmente tienen entre 13 y 28 años), nacidos entre 1997 y 2012, representan la primera generación que solo ha conocido un mundo digitalizado. No conocieron un mundo sin internet, celulares o redes sociales. Crecieron con una conexión permanente y simultánea a través de diversos dispositivos digitales y plataformas (redes sociales, internet, apps), lo que los hace multifuncionales, visuales y críticos. Esta generación fue afectada principalmente por la pandemia Covid-19; son prácticos porque valoran la estabilidad laboral y tienen capacidad de aprendizaje autodidacta. Socialmente, son la generación más diversa e inclusiva, normalizando la diversidad de género y el activismo digital a diferencia de los millennials, priorizan soluciones concretas sobre el idealismo.

El Estado ha quedado a deber en generar oportunidades para estas generaciones. Tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo han priorizado programas como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que, aunque combaten temporalmente el desempleo, no atacan causas estructurales como la falta de industria o la desconexión entre universidades y empresas. Peor aún, la clase política ha convertido el debate en una pelea partidista, ignorando que México necesita colaborar con el sector privado para crear empleos dignos y bien remunerados. México es un país que desperdicia su capital humano y condena a sus generaciones más preparadas a la informalidad o al exilio.

Para enfrentar el problema del empleo informal en México se necesitan acciones concretas para crear empleos estables, y facilitar créditos y vivienda digna. Pero lo más importante es cambiar la percepción en la que no se vea a los jóvenes como el problema, sino como la solución.

La salud es un derecho universal, no un botín electoral.

 El Gobierno Federal está implementando el programa “Salud casa por Casa” en donde personas facilitadoras de la salud realizan visitas periódicas a las casas de los beneficiarios para garantizar la atención y seguimiento del estado de salud de las personas de 65 años de edad en adelante y personas con discapacidad que ya reciben pensiones y que son parte de los Programas para el Bienestar. Las visitas serán efectuadas por más de 20 mil profesionales de la salud que brindarán atención médica preventiva y primaria, revisarán signos vitales, podrán hacer curaciones e incluso algunos estudios, además de prescribir medicamentos que ya les hayan sido recetados previamente a las personas.

Este programa me hizo recordar que hace más de 20 años tomé una capacitación sobre el modelo educativo por competencias. El ponente era un cubano, y en una charla informal —fuera del tema educativo— hablábamos sobre política. Me comentaba que en ese entonces —desconozco si actualmente es igual— los médicos visitaban casa por casa realizando medicina preventiva, pero también cumplían labores 'policiales', ya que el programa era para toda la sociedad. A diferencia de aquí, donde está focalizado en un sector, ellos informaban al gobierno sobre las condiciones generales y particulares de las personas y sus hogares, además de registrar a quienes ya habían huido de la isla.

En esencia este programa es noble y necesario para fortalecer el sistema público de salud. Ojala se implemente con eficiencia, transparencia y sin tintes políticos. Su éxito debe medirse por la mejora tangible en la vida de los atendidos, no por réditos partidistas.

Sin embargo, el IMSS y el ISSSTE tienen severas deficiencias desde siempre, pero desde el 2018 se han incrementado más. Prevalecen las largas listas de espera para cirugías, desabasto de medicamentos, unidades saturadas y personal sobrecargado. Este malestar generalizado entre los derechohabientes exige atención y soluciones inmediatas, no solo promesas que no cumplen. Urge que la 4t rectifique.

La creación de nuevos programas es importante, pero no pueden ser prioritarios mientras no puedan resolver los problemas elementales que padecen el IMSS e ISSSTE. La salud es un derecho universal, no un botín electoral.

Mientras los mandos medios y altos de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo disfrutan de sueldos desproporcionados —ajenos a la realidad económica del país—, que si les alcanza para una atención médica privada de primer nivel o bien recibir trato preferencial en instituciones públicas. La sociedad debemos exigir que sus remuneraciones se ajusten a las condiciones reales de México. Solo así, al verse privados de tantos privilegios, comprenderán la necesidad de un sistema de salud público digno para todos.

El espejismo de los 13 millones de votos.

 Según el INE la lista nominal de actas computadas se registraron 99, 594,010 de los cuales votaron 12, 965,574, lo que representa un 13.0184% de participación. El total de votos emitidos fueron 116, 690,139 de los cuales 115, 793,996 son en votos en casillas seccionales, y 896,193 votos en casillas especiales.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado que fue un éxito la elección puesto que votaron 13 millones de votos, mientras en el 2024 el PAN obtuvo 9.6 millones de votos y el PRI 5.7 millones; pero es necesario aclarar que la calidad democrática no depende de votos absolutos, sino del respaldo ciudadano al proceso. Comparar ambos escenarios es metodológicamente incorrecto porque en números redondos en esta elección votaron 13 millones de 100 posibles y en la del 2024 61 millones de 100 posibles. Existe una abismal diferencia. La baja participación debilita su legitimidad; sin embargo, la alta participación del 2024 valida incluso a los partidos minoritarios.

Muchos personajes afines al partido en el poder dicen que fue histórico, mientras la oposición dice que fue una farsa, lo cierto es que muchos ciudadanos hubiéramos preferido que esos recursos económicos que se tiraron o invirtieron en esta elección hubieran ido mejor a abastecer los servicios médicos del IMSS e ISSSTE, ya que desde la llegada de Morena al poder en el 2018 ha tenido muchas deficiencias, al igual que en sexenios pasados. Pero se nos prometió un servicio como el de Dinamarca, y ha sido peor que gobiernos del pasado. Y no pretendo generar polémica, porque quien no quiera ver la realidad no la va a ver. Las deficiencias y los números ahí están. Es momento de que la 4T rectifique.

Cuando me preguntan si estoy de acuerdo con esta elección, la respuesta es sí y no:

Sí, porque es una oportunidad de elegir de manera libre y secreta a quien consideremos los mejores y que la responsabilidad no recaiga solo en el Poder Legislativo y Ejecutivo.

No, porque por el número de candidatos era difícil conocer a todos; por lo tanto, difícilmente se votó a conciencia, y muchos aprovecharon esto para los famosos "acordeones" que obviamente se gastó mucho dinero en sus impresiones y distribución.

Esta elección, fue una oportunidad para que la oposición (PAN y PRI) promovieran el voto a candidatos afines a ellos y mover sus estructuras, pero decidieron convocar a no votar: perdieron su oportunidad.

En vez de haber desperdiciado millonadas de pesos en una elección en donde solo participó una minoría, hubiera sido mejor seguir con el esquema anterior y ese recurso haberlo utilizado en invertirlo en muchas de las deficiencias que tiene el país.

Ciertamente, es necesario estos procesos democráticos, pero primero lo primero, que es solucionar la seguridad, el empleo, la educación, la salud y tantos rubros sean necesario, ya que cuando eso esté solucionado entonces si se gaste en este tipo de procesos.

En fin les guste o no fue un fracaso estas elecciones, ya que el 13% no representa un número que legitime, al menos moralmente, porque legalmente sí. Esta elección solo mostró que el pueblo sabio no estaba interesado en tal proceso, como lo pregonó el partido en el poder. O tal vez la oposición tuvo la capacidad de mover conciencias, o quizá los partidos no tienen ni estructura ni capacidad de movilización. En fin, según quien analice, hay muchas teorías. Pero lo que sí es cierto es que solo dejó un derroche multimillonario de recursos económicos.

La elección judicial y el dinero malgastado.

 Esta elección del poder judicial del pasado 1 de junio los números muestran que hubo una lista nominal de 99,594,010 de los cuales solo acudieron 116,690,157 personas, siendo una participación ciudadana del 13.0184%.

Aunque a muchos no les gusta decirlo fue un fracaso. No hay nada que debatir en términos críticos, son números y ahí están.

Muchos personajes afines al partido en el poder dicen que fue histórico, mientras la oposición dice que fue una farsa, lo cierto es que muchos ciudadanos hubiéramos preferido que esos recursos económicos que se tiraron o invirtieron en esta elección hubieran ido mejor a abastecer los servicios médicos del IMSS e ISSSTE, ya que desde la llegada de Morena al poder en el 2018 ha tenido muchas deficiencias, al igual que en sexenios pasados.

Pero se nos prometió un servicio como el de Dinamarca, y ha sido peor que gobiernos del pasado.

Y no pretendo generar polémica, porque quien no quiera ver la realidad no la va a ver. Las deficiencias y los números ahí están. Es momento de que la 4T rectifique.

Cuando me preguntan si estoy de acuerdo con esta elección, la respuesta es sí y no:

Sí, porque es una oportunidad de elegir de manera libre y secreta a quien consideremos los mejores y que la responsabilidad no recaiga solo en el poder legislativo y ejecutivo.

No, porque por el número de candidatos era difícil conocer a todos; por lo tanto, difícilmente se votó a conciencia, y muchos aprovecharon esto para los famosos “acordeones” que obviamente se gastó mucho dinero en sus impresiones y distribución.

Esta elección, fue una oportunidad para que la oposición (PAN y PRI) promovieran el voto a candidatos afines a ellos y mover sus estructuras, pero decidieron convocar a no votar: perdieron su oportunidad.

En vez de haber desperdiciado millonadas de pesos en una elección en donde solo participó una minoría, hubiera sido mejor seguir con el esquema anterior y ese recurso haberlo utilizado en invertirlo en muchas de las deficiencias que tiene el país.

Ciertamente es necesario estos procesos democráticos, pero primero lo primero, que es solucionar la seguridad, el empleo, la educación, la salud y tantos rubros sean necesario, ya que cuando eso esté solucionado entonces si se gaste en este tipo de procesos. En fin les guste o no fue un fracaso estas elecciones, ya que el 13% no representa un número que legitime, al menos moralmente, porque legalmente sí.

Esta elección solo mostró que el pueblo sabio no estaba interesado en tal proceso, como lo pregonó el partido en el poder. O tal vez la oposición tuvo la capacidad de mover conciencias, o quizá los partidos no tienen ni estructura ni capacidad de movilización.

En fin, según quien analice, hay muchas teorías. Pero lo que sí es cierto es que solo dejó un derroche multimillonario de recursos económicos.

La paradoja de la elección del poder judicial.

 La sociedad durante décadas se quejó de que los jueces y magistrados respondían a interés personales y políticos por su forma de elección, pero hoy cuando por fin tiene ese derecho de elegir, muchos prefieren no participar. Existen preocupaciones y resistencia por parte de algunos sectores de la oposición quienes invitan a no acudir a votar, lo que podría afectar la participación ciudadana.

El 1 de junio iniciará la jornada electoral para elegir a jueces y magistrados, en un horario de 8:00 a 18:00 horas. El escrutinio y cómputo de votos estará a cargo de los Consejos Distritales del INE, bajo la supervisión de consejeros electorales ciudadanos seleccionados mediante convocatoria pública, quienes garantizan transparencia. Sin embargo, persiste la desconfianza en algunos sectores de la sociedad, pues el proceso de conteo se extenderá varios días después del cierre de casillas. Aunque los avances de los resultados se publicarán en el portal del INE, incluidos los resultados por casilla, la lentitud dejará dudas sobre la imparcialidad.

Anteriormente, los jueces y magistrados se elegían mediante una carrera judicial y concursos de oposición, donde los poderes Legislativo y Ejecutivo tenían influencia. Esto generaba descontento social, pues se percibía que los nombramientos respondían a intereses políticos y no a méritos o a la voluntad ciudadana. El proceso actual busca democratizar el sistema al permitir la elección directa mediante voto libre y secreto. No obstante, algunos sectores la califican de “farsa”, argumentando que Morena, desde el Legislativo y Ejecutivo, busca debilitar al Poder Judicial para imponer figuras afines.

Así como los ciudadanos elegimos a los representantes en los poderes Ejecutivo y Legislativo, no tiene nada de malo que también se decida quién integra el poder Judicial. Esta elección, aunque muchos no lo vean así, rompe con prácticas como el nepotismo y la corrupción histórica que ha prevalecido, en donde algunos jueces han protegido impunemente a poderosos incluidos delincuentes de cuello blanco. Aunque es justo reconocer que muchos jueces y magistrados han actuado con ética.

El objetivo es democratizar la justicia, transformándola de un beneficio exclusivo para las élites económicas y políticas en un derecho para toda la sociedad. La elección directa pretende eliminar un sistema que por muchos años ha excluido a la mayoría. El tiempo nos dirá si fue lo correcto o no, y si no lo va a hacer, entonces el pueblo podrá tener la posibilidad en las próximas elecciones de elegir un poder legislativo que modifique o elimine estos procedimientos. Por lo pronto, hoy tenemos ese derecho; será su responsabilidad ejercerlo o no.

Ciertamente, la prolongación del conteo genera sospechas de la legitimidad. La ciudadanía desconoce los perfiles de los candidatos; algunos candidatos tienen compromisos con estructuras políticas. Estos factores generan desconfianza y apatía por acudir a votar. Se estima será de un 8% al 10%. Hay quienes dicen será del 5%.

La sociedad siempre exige ser escuchada, y hoy tenemos esa oportunidad. Es válido que algunos prefieran no participar o cuestionar el proceso, pero si realmente queremos transformar este país, debemos involucrarnos activamente, vigilar cada etapa y exigir transparencia total. Además, es justo reconocer que, por primera vez, hay candidatos preparados y sin afinidad política que antes no tenían oportunidad y hoy pueden competir en igualdad de condiciones. Participar debe ser el primer paso para construir un mejor País.